jueves, 19 de abril de 2012

Arrogantes con Argentina, lacayos con Merkel y Sarkozy

Acerca del conflicto tras la nacionalización argentina de YPF 

Arrogantes con Argentina, lacayos con Merkel y Sarkozy


La decisión del gobierno argentino de nacionalizar el 51% de las acciones de YPF, filial de Repsol, ha desencadenado una crisis y una campaña de patrioterismo ante el "agravio del que hemos sido objeto". El PP ha salido a la palestra insistiendo en que "el ataque a Repsol es un ataque a España y a su gobierno".
Ante estos hechos, desde Corriente Roja queremos señalar:
1.- El conflicto en Argentina con Repsol ni comienza en estos días ni se limita a un conflicto con el gobierno argentino. La presencia de Repsol en Argentina se remonta a 1999 donde YPF fue vendida por el Presidente Menem en lo que fue la orgia privatizadora de los años 90, y que terminó en el Corralito.
Todos estos años han estado marcados por constantes enfrentamientos entre esta multinacional y los trabajadores y sectores populares argentinos, que sufrieron la entrega del sector petrolero argentino a Repsol. 
Miles de despidos y trabajadores presos por negarse a ser condenados al hambre son el primer precio que pagó el pueblo argentino por la entrada de Repsol. Ha sido la presión de los trabajadores y el pueblo argentino lo que ha obligado al Gobierno de la Kirchner a llegar más lejos de lo que quería.
2.- YPF supone para Repsol el 50% de su producción total de hidrocarburos, cerca de la mitad de sus reservas y un tercio de sus beneficios. En estos años, al tiempo que Repsol-YPF saqueaba los yacimientos argentinos y acumulaba pingües beneficios, la producción fue decayendo. La producción petrolera se redujo en un 23% entre 2003 y 2011. Otro tanto sucedió con el gas, pasando de 46 mil millones de metros cúbicos en el 2003 a 42 en el 2011. Esta disminución de la producción ha ido obligando a Argentina a dedicar cada vez más recursos a la importación de combustibles y energía. “Del autoabastecimiento que se había conquistado a mediados de la década de los ’80 con la YPF estatal, se pasó a la importación con el modelo de las multinacionales privadas". (Avanzada socialista  periódico del PSTU de Argentina) 
3.- La gestión de la multinacional Repsol, así como sus inversiones no atienden a más criterio, como toda multinacional, que al de la producción para la ganancia, la optimización de los beneficios. Entre 1999 y el 2011 Repsol IPF invirtió en Argentina 8 mil millones de dólares, mientras obtuvo unas ganancias netas de 16 .500 millones de dólares, de los cuales repartió entre sus accionistas 13 mil millones. Estas son las cuentas del saqueo que Repsol ha sometido a Argentina a lo largo de todos estos años. Durante este período ha ido vaciando los yacimientos sin otra preocupación que no fuera tener a buen recaudo los beneficios de los accionistas del Repsol.
4.- El Gobierno de Rajoy sale en defensa de la "empresa española" cuando en realidad el accionariado de Repsol es mayoritariamente extranjero. Los accionistas españoles justo alcanzan el 27%, entre La Caixa (un 13%), el BBVA (4%) y la constructora SACYR (el 10%, comprado con un crédito de 46 bancos, entre los cuales el Santander, la banca francesa, británica y holandesa). El denominado 'free float', el capital flotante que cotiza en bolsa, supone el 62,21% del accionariado, buena parte de cuyos títulos (el 42% del total) está en manos de fondos de inversiones norteamericanos y británicos (JP Morgan Chase Bank National Association –EEUU- Chase Nominees Ltd. –GB-, State Street Bank and Trust -EEUU-…), a los que hay que añadir el 10% de la mexicana PEMEX o el 3,32 del banco francés BNP-Paribas.

5.- Por más que Rajoy se dé golpes de pecho patrióticos, el papel de Repsol en Argentina muestra el rol de las multinacionales "españolas" en América Latina. 
Así como los otros imperialismos, el español y sus multinacionales (Repsol, Telefónica, Santander, BBVA, Inditex, Acciona…) son sinónimo de saqueo de las riquezas de los pueblos y explotación de la clase trabajadora. El ejemplo de Repsol, apoyando a dictaduras como la de Obiang en Guinea Ecuatorial o la de Kazajastán o al gobierno  de Perú, donde ha sido denunciada por la organización Survival Internacional, es un ejemplo de que no existe un imperialismo “humanitario y civilizatorio”, el europeo, y otro “militarista y dictatorial”, el yanqui.
Cuando se califica a las multinacionales españolas como "piratas", a algunas de ellas como Repsol, en rigor habría que llamarles corsarios, porque roban con una bandera pero entregan la mayoría del botín a otros.
6.- La campaña patriótica del Gobierno muestra la "valentía" del cobarde, amenaza con declarar una guerra comercial a Argentina para defender los intereses de los bancos y empresas inversoras mientras se ha convertido en el capataz de la Merkel y Sarkozy, el ejecutor del expolio del país vía el pago de la ilegítima e inmoral deuda pública.
Que saqueen a los trabajadores y el pueblo, que no ganemos para recortes y reformas, que tengamos seis millones de parados, que miles de familias sean desahuciadas y echadas como animales a la calle, que la juventud no tenga presente ni futuro, no merece de este gobierno ni el menor gesto de resistencia a la vorágine de los bancos alemanes, franceses y españoles. Pero si Argentina se planta y reclama lo que es suyo, sus recursos petroleros, entonces se organiza una campaña patriótica por todo lo alto. Estos "patriotas" llevan la bandera en la billetera. Son patriotas de la banca, de las multinacionales para quienes defienden y gobiernan, a costa del saqueo de los trabajadores y los pueblos, sean argentinos o del Estado español.
7.- Resulta vergonzoso ver desde la "izquierda" ofrecer, como ha hecho en nombre del PSOE Rubalcaba, su apoyo a Repsol y al Gobierno del PP. Vergonzoso ver al dirigente de la UGT, Antonio Deusa, Secretario General de la Federación de Industria exigir del gobierno "una respuesta contundente" y advertir que si no se hace hay el peligro de un "efecto contagio" en el resto de empresas españolas que operan en Argentina.
Los dirigentes ugetistas, que no han puesto ni en duda siquiera el saqueo que supone para el país el pago de los intereses de la deuda pública a los bancos, sacan pecho "patriótico" para defender a Repsol.  
8.- El gobierno argentino, que dice “expropiar” Repsol, en realidad lo que está haciendo es convertirse en socio de su grupo industrial Petersen, propietaria del 25% de YPF, que no ve tocadas sus participaciones. El objetivo real del gobierno argentino no es nacionalizar YPF de conjunto, para ponerla al servicio del pueblo trabajador, sino hacerse con la mayoría de las acciones para explotar los recursos aparecidos en las provincias de Neuquen y Mendoza, y no es nada descartable que acabe sustituyendo a Repsol por otros expoliadores capitalistas, chinos o de donde sean.  
9.- Los trabajadores/as, los jóvenes, los sectores populares que estamos sufriendo en nuestras carnes la consecuencia de los recortes, del saqueo de la deuda, de un gobierno que gobierna para las multinacionales y la banca, no podemos por menos que repudiar el intento de asociar la nacionalización de Repsol a un "ataque a España".
El pueblo argentino tiene derecho a recuperar sus recursos y a disponer de ellos, tiene todo el derecho a echar de allí a Repsol y a todas las multinacionales que han sido y son parte del saqueo del pueblo. Y lejos de repudiar esa acción legitima, hay que empezar a exigir aquí el mismo camino, la suspensión del pago de la deuda  y la expropiación de la banca y las industrias claves y bajo control de los trabajadores/as, para poner todos esos recursos al servicio de un plan de rescate de los trabajadores y el pueblo, que reorganice la economía y acabe con el desempleo.
Fuera Repsol y todas las multinacionales españolas de Argentina
El petróleo y el gas son argentinos
Fuera la campaña patriotera del gobierno Rajoy y del PSOE

Corriente Roja    

miércoles, 4 de abril de 2012

Manifiesto de 55 catedráticos de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social

Los abajo firmantes, catedráticas y catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, consideramos un deber cívico hacer pública nuestra opinión de expertos sobre la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, la cual introduce un cambio radical en el modelo constitucional de relaciones laborales, basado en dos pilares esenciales: un delicado equilibrio entre poderes empresariales y derechos sociales y un estímulo a las expresiones de diálogo social, articuladas de manera señalada a través de la negociación colectiva
La norma de urgencia ha procedido a convulsionar la práctica totalidad de los elementos esenciales de ese modelo constitucional. Por lo pronto, ha desplazado el centro de gravedad normativo de las relaciones laborales desde el trabajo a la producción y al empleo, desde el trabajador y sus condiciones de trabajo a su “empleabilidad”, mercantilizando sin miramiento alguno el trabajo y descontextualizando el marco en el que, desde sus orígenes y sin solución de continuidad, ha venido aplicándose, y ha de seguir haciéndolo, la norma laboral. Este texto legislativo, en segundo lugar, implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando poderes exorbitantes al empresario a la vez que destruye las bases fundamentales del poder contractual colectivo autónomo en la regulación de las condiciones de trabajo. La constante reducción de los derechos de los trabajadores se acompaña de una progresiva afirmación de la unilateralidad empresarial sin control ni contrapeso. En suma, la flexibilidad unilateral conferida al empresario, además de despreciar las reglas consensuadas por los propios interlocutores sociales apenas dos semanas antes, aleja nuestro sistema jurídico del modelo social europeo, aproximándolo a antañones modelos autoritarios, de manera oportunista recuperados ahora en nombre de la libertad de empresa. En tercer lugar, la negociación colectiva deja de entenderse como un instrumento de corrección de las desigualdades contractuales, habiendo sido objeto, ella misma, de una flexibilización que altera su posición en el sistema de fuentes. La prioridad aplicativa concedida sin restricción alguna a los convenios de empresa y la supresión del régimen hasta ahora vigente de ultraactividad, además de poder generar un no deseable incremento de la conflictividad social, concibe al convenio colectivo como un simple utensilio al servicio de los intereses subjetivos empresariales, sustituible o modificable a su sola voluntad. La inaplicación de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales, del convenio sectorial expresa una concepción legal decididamente contraria al sistema vigente de negociación colectiva y a su estructura autónoma. En un contexto semejante, en fin, la garantía constitucional de la fuerza vinculante del convenio colectivo queda por completo desarbolada.
La regulación del despido, que se presenta de manera rutinaria como una forma de crear empleo, obedece realmente a un diseño destinado a otorgar fáciles y baratos mecanismos de liquidación y ajuste de plantillas, tanto en el sector privado como en el sector público. Y de hacerlo, adicionalmente, al margen de todo control. Desde luego, del sindical; pero también del administrativo e, incluso, del judicial. Como confiesa sin disimulo alguno el preámbulo de la norma, el propósito de la reforma es impedir el juicio de adecuación – con un evidente tono despectivo, el legislador excepcional lo denomina “juicio de oportunidad”- de los jueces sobre los despidos decididos por el empresario a partir de una definición justificativa que se mueve entre los dos extremos a descartar por cualquier legislador socialmente sensible: la mayor discrecionalidad y la más concreta identificación. La nueva regulación del despido no tiene más finalidad que reducir los costes del despido ilegal o improcedente, rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación. Además de todo ello, y apartándose de manera grosera de los propósitos confesados de lucha contra la dualidad de nuestro mercado de trabajo, la reforma ahonda la precariedad mediante dos criticables medidas: la implantación de un contrato especial (de “apoyo de emprendedores”), cuya característica más llamativa reside en la posibilidad de despido libre durante un año de duración, y el encadenamiento de contratos de formación para los jóvenes, que pueden estar formándose hasta los 32 años en una misma empresa para el ejercicio de los más dispares e inconexos oficios.
Pero más allá de la crítica a sus contenidos concretos, queremos llamar la atención sobre el cambio de modelo que el RDL 3/2012 induce. Es éste un modelo opuesto al que conforma nuestra Constitución, el de la democracia social en una economía de mercado, que arbitra un equilibrio complejo entre el pluralismo social y la intervención normativa de tutela de los derechos laborales, y que sitúa en el centro de la regulación de las relaciones laborales a la negociación colectiva dotada de fuerza vinculante. En el diseño constitucional, la empresa es un territorio en el que el poder privado del empresario resulta racionalizado en su ejercicio mediante el reconocimiento de derechos de participación a los trabajadores. Este modelo nada tiene que ver ni con la concepción de la empresa como un ámbito de exclusiva gestión por el empresario ni con la noción del empresario como “el señor de su casa”.
Y es que las exigencias de equilibrio presupuestario que impone la Unión Europea ni exigían ni exigen en modo alguno una reforma de las relaciones laborales como la adoptada, contraria al Estado social y democrático de Derecho, potenciadora del poder normativo unilateral del empleador y hostil a la acción colectiva de los sindicatos. Por lo demás, y no es lo de menos, la reforma laboral presenta numerosos puntos que contradicen directamente derechos y principios constitucionalmente reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo que se refiere al derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical. Y además es en una gran parte contraria a los compromisos internacionales asumidos por España, tanto respecto a la Carta de Derechos Fundamentales europea como a los Convenios de la OIT sobre libertad sindical, fomento de negociación colectiva y terminación de la relación de trabajo.
Firmantes
- Alemán Páez, Francisco (UCórdoba)
- Alfonso Mellado, Carlos Luis (UValencia)
- Álvarez de la Rosa, Manuel (ULa Laguna)
- Aparicio Tovar, Joaquín (UCastilla-LaMancha)
- Ballester Pastor, Maria Amparo (UValencia)
- Baylos Grau, Antonio (UCastilla La Mancha)
- Cabeza Pereiro, Jaime (UVigo)
- Camas Roda, Ferrán (UGirona)
- Camps Ruiz, Luis (UValencia)
- Castiñeira Fernández, Jaime (USevilla)
- Correa Carrasco, Manuel (UCarlos III de Madrid)
- Cruz Villalón, Jesús (USevilla)
- Domínguez Fernández, Juan José (ULeon)
- Escudero Rodríguez, Ricardo (UAlcalá de Henares)
- Fernández López, María Fernanda (USevilla)
- Ferrando García, Francisca (UMurcia)
- Garate Castro, Javier (USantiago de Compostela)
- Galiana Moreno, Jesús (UMurcia)
- García Becedas, Gabriel (UAutónoma de Madrid)
- García Ninet, José Ignacio (U de Barcelona)
- Garrido Pérez, Eva (UCádiz)
- González Posada, Elías (UValladolid)
- Goñi Sein, Jose Luis (U Pública Navarra)
- Gorelli Hernández, Juan (UHuelva)
- López Gandía, Juan (UPolitécnica de Valencia)
- López López, Julia (UPompeu Fabra de Barcelona)
- Luján Alcaraz, José (UMurcia)
- Martínez Abascal, Vicente Antonio (URoviraVirgili deTarragona)
- Martínez Barroso, María de los Reyes (ULeón)
- Mella Méndez, Lourdes (USantiago de Compostela)
- Molero Marañón, María Luisa (UReyJuanCarlos de Madrid)
- Molina Navarrete, Cristóbal (UJaén)
- Monereo Pérez, José Luis (UGranada)
- Moreno Vida, María Nieves (UGranada)
- Navarro Nieto, Federico (UCórdoba)
- Nogueira Guastavino, Magda (UAutónoma de Madrid)
- Ojeda Avilés, Antonio (USevilla)
- Olarte Encabo, Sofía (UGranada)
- Palomeque López, Carlos (USalamanca)
- Pardell Vea, Agnes (ULerida)
- Pérez del Río, Teresa (UCádiz)
- Puebla Pinilla (de la), Ana (UAutónoma de Madrid)
- Quesada Segura, Rosa (UMálaga)
- Ramírez Martínez, Juan Manuel (UValencia)
- Rodríguez Escanciano, Susana (ULeón)
- Rojas Rivero, Gloria (ULa Laguna)
- Rojo Torrecilla, Eduardo (UAutónoma de Barcelona)
- Tortuero Plaza, José Luis (UComplutense de Madrid)
- Tudela Cambronero, Gregorio (UAutónoma de Madrid)
- Sanguinetti Raimon, Wilfredo (USalamanca)
- Valdeolivas García, Yolanda (UAutónoma de Madrid)
- Valdés Dal-Re, Fernando (UComplutense de Madrid)
- Valdés de la Vega, Berta (UCastilla-LaMancha)
- Vicente Palacio, Maria Arantzazu (UJaume I de Castellón de la Plana)
- Vida Soria, José (UGranada)